Volker Türk. Foto del sitio eldiariony.com
La abolición de la pena de muerte para los estados que han ratificado los tratados internacionales correspondientes es jurídicamente irreversible. Así lo declaró la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, informa la oficina de prensa de la ACNUDH.
En la organización enfatizaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), había aclarado previamente que tanto el Pacto como su Segundo Protocolo Facultativo no contienen disposiciones de denuncia. Esto significa que para los estados que han adoptado estos tratados, la abolición de la pena de muerte es jurídicamente irreversible y se les prohíbe reintroducirla en su legislación, explicó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
Además, un estado que haya ratificado dicho protocolo sin reservas alguna no tiene derecho a aplicar la pena de muerte ni siquiera por los crímenes más graves.
«Kirguistán ha sido durante años parte de un consenso global creciente —y muy alentador— sobre la abolición universal de la pena de muerte. Las actuales iniciativas legislativas contradicen el espíritu de los compromisos asumidos por el país, incluido su reciente apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos que insta a los estados a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo», señaló Türk.
Recordó que Kirguistán suspendió la aplicación de la pena de muerte en 1998 y la prohibió por ley en 2010 tras ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Este tratado internacional obliga a los estados parte a tomar todas las medidas necesarias para abolir completamente la pena capital.
La reintroducción de la pena de muerte constituiría una grave violación del derecho internacional y un paso regresivo para Kirguistán, declaró Türk.
«Los derechos consagrados en el Pacto y el Segundo Protocolo Facultativo, una vez otorgados, pertenecen a las personas que viven en el territorio del estado parte y no pueden ser revocados, independientemente de la justificación que se proponga», subrayó el jefe de la ACNUDH.
Añadió que ningún sistema de justicia está libre de errores, y la reinstauración de la pena de muerte inevitablemente llevaría a que el estado ejecute a personas inocentes.
Reconociendo la gravedad de los crímenes que han motivado el debate sobre esta iniciativa, Türk señaló la falta de pruebas de que la pena capital disuada eficazmente la delincuencia.
El jefe de la ACNUDH instó a las autoridades kirguisas a abandonar de inmediato la idea de restaurar la pena de muerte y a centrarse en fortalecer la protección legal de los ciudadanos, garantizar el acceso a la justicia y las compensaciones para las víctimas. En opinión de Türk, la respuesta a la violencia, incluida la sexual, debe ser un enfoque centrado en las víctimas y respaldado por recursos adecuados.
Actualmente, alrededor de 170 estados en el mundo han abolido la pena de muerte o han establecido una moratoria sobre su aplicación en la ley o en la práctica.
ℹ️ El motivo para reconsiderar la pena de muerte fue la violación y asesinato de Aysuluu Mukasheva, de 17 años, a finales de septiembre de 2025. Tras esto, el presidente de Kirguistán ordenó introducir enmiendas a la Constitución para permitir la aplicación de la pena de muerte por violación de un menor, así como por violación seguida de asesinato de un menor o adulto. Además, se propone la retirada del Segundo Protocolo Facultativo. El proyecto de ley para enmendar la Constitución del país e introducir la pena de muerte está listo, y se espera que el referéndum sobre este tema se celebre en la república en las próximas semanas.
