La iniciativa de las autoridades de Kirguistán para restaurar la pena de muerte representa un paso extremadamente peligroso y regresivo que amenaza seriamente los principios fundamentales de protección de los derechos humanos.
El argumento principal e irrefutable contra la pena de muerte es la probabilidad real de error judicial. En cualquier sistema judicial del mundo existe el riesgo de condenar a una persona inocente, y la pena de muerte convierte tales errores en irreversibles.
Según datos de Amnistía Internacional, por cada seis ejecutados en Estados Unidos, había un inocente condenado a muerte y posteriormente exonerado. ¿Qué garantías puede ofrecer el sistema judicial kirguís, que ya genera «profunda desconfianza» entre sus propios ciudadanos?
La práctica demuestra que la pena de muerte afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población: ciudadanos de bajos recursos, representantes de minorías, aquellos que no pueden permitirse una defensa legal calificada. Como advierten los juristas rusos, «de la abolición de la moratoria sufrirán más los ciudadanos de bajos recursos, que no pueden permitirse un abogado calificado».
Numerosas investigaciones demuestran convincentemente que la pena de muerte no posee suficiente efecto disuasorio del crimen. Los delincuentes no se guían por la lógica del posible castigo al cometer delitos especialmente graves. Como señalan los criminólogos, «el criminal no piensa en que lo atraparán, o espera que eso no ocurra».
Kirguistán ratificó en 2010 el protocolo internacional que prohíbe la pena de muerte y obliga a no restaurarla en el futuro. El retorno a la práctica de ejecuciones significaría una violación flagrante de los compromisos internacionales asumidos y un alejamiento de los estándares civilizatorios de protección de los derechos humanos.
La propuesta de restaurar la pena de muerte es exclusivamente una medida populista, basada únicamente en la reacción emocional de la sociedad ante un crimen resonante, y no en un análisis racional de la efectividad de diferentes medidas de castigo. Como señalan acertadamente los juristas, «las emociones son inapropiadas en la cuestión discutida»; es necesaria una evaluación profesional de la situación.
El Estado bajo ninguna circunstancia debe convertirse en verdugo de sus ciudadanos. Existen medidas alternativas, como la cadena perpetua sin derecho a libertad anticipada, que garantizan la protección de la sociedad sin violar el derecho fundamental del ser humano a la vida.
Daniil Kislov
En lugar de regresar a la práctica bárbara de ejecuciones estatales, Kirguistán debería concentrarse en perfeccionar el sistema de justicia, la prevención del crimen y la rehabilitación de las víctimas. El populismo legal, construido sobre la sed de venganza, nunca ha conducido a la creación de una sociedad más segura y justa.
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Autor: Daniil Kislov, periodista internacional, fundador y editor en jefe de la agencia informativa Fergana.News.
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