Agentes de la Policía Ecológica. Foto de la Dirección General de Asuntos Internos de Taskent
En Uzbekistán, los empleados de la Inspección Estatal de Control Ecológico (Policía Ecológica) han recibido oficialmente el derecho a utilizar pistolas eléctricas y armas de servicio. Esto se establece en el decreto del presidente del país, Shavkat Mirziyoyev, sobre medidas para organizar las actividades del Comité Nacional de Uzbekistán para la Ecología y el Cambio Climático, firmado el 19 de noviembre.
“Los empleados de la Policía Ecológica tienen derecho a utilizar la fuerza física, medios especiales (dispositivos de electrochoque) y armas de servicio (con balas de goma y de red), y se instalarán cámaras corporales en su uniforme especial”, señala el documento.
Las condiciones para su uso se regularán según las normas establecidas en la ley “Sobre los órganos de asuntos internos”, hasta que se introduzcan las modificaciones correspondientes en la legislación.
El decreto aprueba la nueva estructura organizativa del Comité Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como las disposiciones que regulan el trabajo de la Policía Ecológica y de los inspectores estatales. Como parte de los cambios aprobados, los inspectores han recibido rangos especiales, bonificaciones y pagos adicionales, acceso a atención médica y provisión de transporte. El trabajo en el nuevo sistema se incluirá en la experiencia necesaria para obtener rangos militares y especiales.
Entre las responsabilidades de la Policía Ecológica figura la respuesta operativa a las demandas de la población en materia de ecología y turismo, y sus empleados recibirán equipos especiales y medios de transporte financiados con fondos extrapresupuestarios del comité.
A partir del 1 de marzo de 2026, perderán vigencia todos los actos legislativos y disposiciones con fuerza legal relacionados con la concesión de exenciones de pagos compensatorios por daños ambientales. Las exenciones en esta materia solo se otorgarán mediante ley.
El presidente prohibió estrictamente la emisión de documentos que permitan incumplir los requisitos legales en materia de ecología y protección del medio ambiente, incluidos los dictámenes de evaluación ambiental estatal, la adopción de decretos, órdenes, actas e instrucciones escritas del gobierno, documentos interdepartamentales y actos de las autoridades ejecutivas locales que autoricen la tala o el trasplante de árboles y arbustos.
A partir del 1 de abril de 2026, se introducirá la posibilidad de establecer la prohibición de expropiar o cambiar la designación de terrenos en áreas pobladas cubiertas por árboles no incluidos en el fondo forestal. Si al menos el 10% de la población de la correspondiente makhalla (comunidad) está de acuerdo, el Comité de Ecología podrá imponer una prohibición sobre la enajenación de dichos terrenos.
Como parte de la reforma, también se ha puesto en marcha una digitalización a gran escala del ámbito ambiental: antes del 1 de septiembre de 2026 se creará una Plataforma Ecológica Única en línea. Las empresas industriales de categorías I y II deberán instalar estaciones de monitoreo antes del 1 de marzo de 2026, y los pagos compensatorios por su ausencia se multiplicarán por cinco.
La financiación de proyectos, investigaciones e iniciativas ambientales se garantizará a través del Fondo Estatal de Objetivos Específicos para la Eliminación de Problemas Ambientales Nacionales, formado con fondos del presupuesto republicano. En 2025 se destinarán 900 mil millones de sums (75 millones de dólares) al fondo, y en 2026, 548 mil millones de sums (45,6 millones de dólares). A partir de 2026, también se destinarán al fondo parte de los ingresos por comercio de unidades de carbono, pagos compensatorios, multas y otros cargos. El Consejo del Fondo tiene la tarea de garantizar que los recursos recibidos se utilicen bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.
